viernes, 16 de abril de 2021

¿QUÉ DEBERÍAMOS ESPERAR DEL PRÓXIMO CONGRESO?

 



…… A continuación, la agenda mínima que considero deberían abordar los nuevos congresistas que serán elegidos(as) y que, pese al corto periodo en el que ejercerán el cargo, podrían legar –o no- al país aportes muy concretos en materia de democracia y lucha contra la corrupción.

 

1.      Elegir a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional (TC)

 

Como se sabe, los actuales jueces del TC culminaron su periodo en junio del 2019, con excepción del juez Ferrero. Precisamente la elección irregular y accidentada de sus reemplazantes generó el cierre del Parlamento el pasado 30 de septiembre, lo cual refleja la vital importancia de este supremo intérprete de la Constitución, no sólo para los ciudadanos sino también para el poder político.

 

Por ende, es clave que el próximo Parlamento se avoque a debatir y, eventualmente, aprobar el proyecto de ley que en su momento envío el Poder Ejecutivo que busca modificar la forma de elección de los jueces del TC, de la modalidad de invitación a la modalidad de concurso. Luego de ello, deberán consensuar y elegir a seis honestos jueces y juezas de este máximo tribunal lo más transparentemente posible; sería terrible para el país que el futuro Congreso agote su corta existencia sin haber podido ser capaz de elegirlos.

 

2.      Destitución de altas autoridades de justicia muy cuestionadas

 

Otro punto de esta agenda mínima es que el nuevo Parlamento retome los procesos políticos, al amparo de los artículos 99º y 100º de la Constitución, para someter a acusación constitucional y, eventualmente, destituir a muy cuestionadas altas autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público, como es el caso de los fiscales supremos Pedro Gonzalo  Chávarry, Tomás Aladino Gálvez, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, entre otros, sobre quienes pesa la gravísima denuncia de pertenecer a la red criminal “Los cuellos blancos del puerto” según investigaciones del propio Ministerio Público.

 

Ciertamente estos procesos deben llevarse a cabo con todas las garantías del debido proceso pero, a la vez, tomando muy en cuenta la clara expectativa ciudadana de que el nuevo Congreso se comprometa, mucho más que el anterior, con la lucha contra la corrupción enquistada en el sistema de justicia. Recuérdese que el Parlamento disuelto logró destituir al extinto CNM en pleno y al juez supremo –hoy prófugo- César Hinostroza, pero no culminó la tarea de separar de la judicatura a todas las autoridades seriamente cuestionadas en la Corte Suprema y la Junta de fiscales supremos.

 

3.      Reforma constitucional de la inmunidad parlamentaria

 

Otra tarea impostergable del nuevo Parlamento será debatir y eventualmente aprobar la reforma constitucional de la inmunidad parlamentaria, que es una palmaria demanda ciudadana debido a que esta decimonónica y legítima institución constitucional ha devenido en Perú en una clara “impunidad parlamentaria”, tal como la bautizó un informe del Instituto de Defensa Legal ya el año 2001.[2] Con frecuencia, muchos candidatos y candidatas buscan una curul en el Congreso con el propósito principal de evadir procesos y hasta sentencias judiciales, en los que son investigados o ya han sido condenados por delitos perpetrados cuando ocuparon otro cargo público (alcalde, gobernador, entre otros) o en su vida privada o profesional (omisión alimentaria, no reconocimiento de hijos, violencia de género, estafa, proxenetismo, contrabando, etc. etc.).

 

No estoy aún convencido que la inmunidad debería desaparecer por completo o sólo reformarse, pues desde una perspectiva histórica, blinda a los congresistas de oposición ante posibles abusos de quien detenta el poder en un momento determinado. Pero en todo caso, es claro que no puede quedar como está ahora, esto es, que dependa de los propios congresistas levantarles –o no- la inmunidad a sus pares. Durante dos décadas en democracia han mostrado una inaceptable intención de “blindar” a muchos congresistas frente al brazo de la justicia.

 

4.      Reforma constitucional del artículo 134º Constitución

 

Finalmente, el ahora conocido artículo 134º de la Constitución que le otorga al Presidente de la República el inmenso y excepcional poder de disolver el Parlamento si es que dos gabinetes ministeriales son censurados o se les niega el voto de confianza por parte del Legislativo, también debería ser repensado y, eventualmente, reformado.

 

Si bien hemos defendido y defendemos que en la reciente coyuntura el Presidente Vizcarra ejerció legítimamente tal prerrogativa y la misma está siendo revisada por el TC en su validez constitucional en un proceso competencial actualmente en giro y que fue iniciado por el ex presidente del Parlamento disuelto, hay que ser conscientes que es un poder muy grande que la Carta política de 1993 le confirió al Presidente de la República (quizá pensando en un presidente de apellido Fujimori) y que, al menos, el próximo Congreso debería debatir si se mantiene o eventualmente se reforma.

 

Varios analistas políticos y constitucionalistas han reconocido en la crisis política que el país vivió el pasado 30 de septiembre, que dicho capítulo constitucional referido a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, está deficientemente redactado y merecería ser reformado y mejorado. Por ejemplo, un derrotero posible de reforma constitucional del mencionado artículo 134º podría ser el que en su momento propuso el Presidente Vizcarra: ante un eventual impase irreductible entre los dos Poderes de Estado, entonces se podría disolver el Parlamento pero convocar a elecciones generales, no sólo parlamentarias. “Que nos vayamos todos” suena así más equilibrado constitucionalmente.

 

[1] “El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros.”

 

[2] Lovatón, David y Meza, Robert, Inmunidad y no impunidad parlamentaria, La acusación constitucional contra trece ex congresistas y dos ex ministros del régimen de Fujimori y Montesinos, Separata de la revista Ideele Nº 140, Instituto de Defensa Legal, Lima, septiembre del 2001.

 

Escrito por David Lovatón

Abogado. Profesor principal PUCP. Consultor DPLF. Exdirector de IDL.


martes, 6 de abril de 2021

GOBIERNO SUSPENDE PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE AA.HH. DE COMAS E INDEPENDENCIA y OTROS DISTRITOS DE LIMA NORTE, LOS POBLADORES DE DICHO ESQUEMA DE AGUA EN RESPUESTA HAN TOMADO LA ESTACIÓN EL NARANJAL

 

Grupo de personas de diferentes asentamientos humanos de distritos de Lima Norte protestan para exigir proyecto de agua potable. (Captura: América Noticias)




Se reporta presencia de manifestantes en los ingresos norte y sur del terminal Naranjal. Personal de la ATU y PNP trabajan para despejar la vía exclusiva, para mantener la circulación de buses y evitar retrasos del servicio.

 

La vía exclusiva del Metropolitano a la altura del terminal Naranjal, situado en Independencia, permanece bloqueada luego que esta mañana un grupo de personas realizan una protesta en la que exigen la ejecución de un proyecto de agua potable al señalar que no cuentan con el recurso hídrico.

 

En imágenes difundidas por América Noticias se observa que alimentadores y buses del Metropolitano no pueden avanzar en su única ruta ubicada en la Av. Túpac Amaru, y los pasajeros de este servicio de transporte se ven perjudicados por esta movilización ya que no podrán llegar a tiempo a su destino ya sea centro de trabajo, lugar de estudio, hospitales, entre otros.

 

Hasta esta hora permanecen bloqueadas las avenidas Túpac Amaru, Chinchaysuyo y Contisuyo en sentido de norte a sur. Los manifestantes esperan la presencia de representantes de los ministerio de Salud; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Economía y Finanzas.



Según el matinal señaló que el grupo de personas que participan de la protesta residen en asentamientos humanos de Comas, Independencia, Puente Piedra y Carabayllo. Durante su manifestación, las personas portaban pancartas y banderolas con mensajes como “Viva la lucha por el agua”, “Queremos agua”, “Queremos lavarnos las manos”, “Queremos agua y desagüe como ustedes lo tienen”, “No nos quiten el agua”, entre otros.

 

Uno de los manifestantes señaló que el presupuesto que estaba destinado para el proyecto de agua potable fue destinado para medida por lo que tomaron de decisión de realizar la protesta. Indicó que la obra iba a beneficiar a aproximadamente un millón y medio de Lima Norte como Comas, Independencia, Puente Piedra y Carabayllo.

 

“Cómo el gobierno nos hace que combatiremos el coronavirus si no hay agua. Con qué agua nos vamos a lavar las manos. Nosotros hacemos una huelga pacífica”, señaló. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) permanecen en el lugar para poner orden y asegurar que la manifestación se realiza sin incidentes violentos.

 

Por su parte, a través de sus redes sociales, el Metropolitano informó que debido a la presencia de manifestantes en los ingresos norte y sur del terminal Naranjal, personal de la ATU y PNP trabajan para despejar la vía exclusiva, mantener la circulación de buses y evitar retrasos del servicio.