El alcalde de Lima, Miguel Romero Sotelo, viene anunciando
que antes que concluya su gestión, inaugurara el “Pasamayito”, así como la obra
Ampliación del Metropolitano hacia Carabayllo, sin embargo, con respecto la
obra “Pasamayito”, la Contraloría observo que la obra se encontraba en pésimas
condiciones con respecto a la construcción entre otras irregularidades, sin
embargo, hasta la fecha el burgomaestre limeño, no informa si es que ya
cumplieron con las observaciones de la Contraloría.
Por otro lado la Contraloría ha encontrado graves
irregularidades en la obra Ampliación del Metropolitano hacia Carabayllo,
asimismo no se le da solución a los propietarios de las casas que se encuentran
deterioradas, publicamos parte del informe de Contraloría con respecto a la
obra Ampliación del Metropolitano hacia Carabayllo.
“La entidad detalló que, según el Informe de Hito de Control
N° 7171-2022-CG/GRLIM-SCC, la Empresa Municipal Administradora de Peajes de
Lima (Emape), a cargo de la obra, no ha adoptado las medidas correctivas para
que los trabajos concluyan en el plazo previsto, de acuerdo con lo establecido
en su cronograma, lo que ha ocasionado continuos retrasos en la culminación y
equipamiento de las nuevas estaciones del Metropolitano, en la implementación y
puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), así
como en la liberación oportuna de las interferencias.
Según el contrato inicial, la obra debió ser culminada el 13
de febrero del 2022, sin embargo, EMAPE aprobó tres variaciones de plazo al
contratista, ampliándose la fecha para concluir la obra el 30 de octubre del
2022.
A junio del 2022, la empresa supervisora informó que el
avance físico acumulado de la obra era del 76.7% frente al avance programado de
97.8%, es decir, los trabajos se encontraban con un retraso del 21.1% debido a
las interferencias encontradas en el tramo que se ejecuta la obra”.
Finalmente, LA NOTICIA RENOVADA y su programa político EL QUE
SE PICA PIERDE, publica el artículo del periodista Alba Ñaupas, de Convoca,
donde informa en qué condiciones se encuentran las viviendas dañadas de los
vecinos de Lima Norte, con respecto a la obra Ampliación del Metropolitano en
Carabayllo…
EL METROPOLITANO SIGUE CAUSANDO PROBLEMAS
Los trabajos para la ampliación del Metropolitano en Comas no
solo han originado caos vehicular, también que las casas de los vecinos se
agrieten. Mientras estos exigían que las empresas a cargo de las obras se hagan
responsables de reparar sus viviendas, la policía los intervino y, de manera
violenta, se llevó a tres de ellos detenidos. La razón: una denuncia de
extorsión contra los vecinos, interpuesta por un empleado del consorcio constructor.
“Nos quieren intimidar”, afirman los afectados y aseguran que están siendo
acusados sin pruebas.
“¡Vecinos, ayúdenme!”,
gritaba desesperada Lilia Gonzalez Flores (70) al ver cómo la policía se
llevaba a sus dos hijos a rastras y empujones. Su delito: pedir que las
empresas responsables de la ampliación del Metropolitano cumplan con la promesa
de reparar sus casas. Desde hace un año, los vecinos de la Av. Metropolitana
con Santa Ligia, en Comas, vienen sufriendo el deterioro de sus viviendas como
consecuencia de las obras de construcción del último tramo de este servicio de
transporte masivo.
La ampliación promete mejorar el tránsito en la capital y
beneficiar a más de 350.000 ciudadanos de Lima Norte, pero mientras se
concreta, lo único que hace es causar problemas. Desvíos vehiculares que
provocan embotellamientos y perjuicios económicos a los negocios son solo
algunas de las repercusiones negativas que tienen que soportar a diario los
vecinos que viven en esta zona. Pero quizá lo más grave son las paredes y pisos
agrietados de las casas, producto del uso continuo de las máquinas
compactadoras.
Aunque los vecinos de Comas llevan reclamando varios meses,
exigiendo que las empresas correspondientes cumplan con las promesas de reparar
los daños en sus viviendas, solo los han paseado. Lo peor: ahora el Consorcio
Metropolitano Norte ha denunciado a los dirigentes vecinales por,
supuestamente, extorsionarlos. Las pruebas del presunto delito, sin embargo,
brillan por su ausencia.
Lo que sí existen son videos del abuso policial del que
fueron víctimas los vecinos. Al cierre de este reportaje, los tres detenidos
fueron liberados, justamente, por la falta de pruebas. “Han tratado a mis hijos
como delincuentes”, se lamenta Lilia Gonzalez.
GRIETAS Y RAJADURAS
La Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima
(Emape), de la Municipalidad de Lima, es la entidad encargada de la ampliación
del Metropolitano. Este tramo va desde la actual estación Naranjal, en el
distrito de Independencia, hasta la estación Chimpu Ocllo, en Carabayllo. Y
como ya lo mencionó este medio, hasta que dicha ruta no esté concluida, el
contrato de concesión entre el Estado y las empresas que operan el servicio no
puede comenzar formalmente.
Que se termine cuanto antes este trayecto es, entonces, una
tarea de suma urgencia. Por ello, en diciembre de 2020, la Emape suscribió un
convenio con el Consorcio Metropolitano Norte –conformado por la empresa
española Obrascón Huarte Lain, implicada en el caso Odebrecht, y por la
compañía mexicana Gami Ingeniería e Instalaciones– para que este se haga cargo
de la construcción del proyecto.
Las prisas por iniciar a construir se tradujeron en
irregularidades detectadas por la Contraloría desde el inicio de la obra. Por
ejemplo, el órgano de control halló que el proyecto, al no contar con una
empresa supervisora, avanzaba “sin el control adecuado sobre los riesgos,
interferencias u omisiones que pudieran retrasar o alterar los objetivos
previstos”. Entre los más afectados se encontraban los residentes de Comas,
quienes denuncian que desde hace un año las vibraciones producidas por el uso
simultáneo de hasta cuatro máquinas compactadoras, durante casi 10 horas
diarias, ha resquebrajado sus casas.
“Se han dañado las paredes de mi casa. Incluso mi tanque de
agua se ha roto. Llevo más de un año reclamando por esto”, se queja Ruth
Ambrosio, vecina de la urbanización Santa Ligia. “Saqué un préstamo bancario
para terminar de construir mi casita y ahora está toda agrietada. Ni siquiera
puedo alquilarla por cómo está”, dice por su parte Lilia Gonzalez. “¿Quién se
va a hacer cargo?”, se cuestiona. Solo en esta calle hay al menos 25 viviendas
afectadas.
Al ver que pasaba el tiempo y los daños a sus domicilios
empeoraban, en diciembre de 2021, el presidente del comité vecinal “Pobladores
de la Cooperativa Santa Ligia”, Luis Álvarez de Paz, envió una carta a la Emape.
Solicitaba información sobre si el consorcio encargado de la construcción
contaba con un seguro para reparar los daños. En su búsqueda de soluciones,
también remitió oficios al consorcio supervisor, las municipalidades de Lima y
de Comas, y hasta al Banco Mundial, entidad que prestó 93 millones de dólares
para realizar el proyecto.
La respuesta que obtuvieron los vecinos por parte de la Emape
fue que era obligación del Consorcio Metropolitano Norte contratar “una póliza
para resarcir daños o pérdidas de cualquier propiedad […] en la medida en que
dicho daño o pérdida se produzca como resultado […] de la ejecución y
terminación de las Obras”. Según la misma carta, el contratista informó a la
empresa municipal que contaba, supuestamente, con dicho seguro vigente hasta el
2023.
Luego de varios oficios que no fueron de mucha ayuda, en
febrero de este año el comité vecinal se reunió con Emape. Luego de corroborar
los daños en las casas, los representantes de la entidad acordaron iniciar las
gestiones inmediatas “para que la aseguradora Rímac tome contacto con los
afectados a fin de resarcir los daños en las viviendas afectadas”, como se lee
en un documento, firmado por los dirigentes y la empresa, al que Sudaca tuvo
acceso.
Los días siguieron pasando y, entre promesas que nunca se
cumplieron, el dirigente vecinal Luis Álvarez se comunicó con Rímac mediante
Facebook para comprobar que, efectivamente, el Consorcio contaba con la póliza
en cuestión. La respuesta los sorprendió. “Consorcio Metropolitano Norte no
tiene cobertura contratada de daños a terceros por construcción, solo tiene la
póliza que cubre daños a su propiedad. Cualquier consulta y/o solicitud debe
ser canalizada directamente con ellos”, fue lo que les contestó la aseguradora.
“Nos mintieron, nos dijeron que sí tenían un seguro para
reparar nuestras casas, pero nos mintieron”, reclama otro vecino que prefirió
mantenerse en el anonimato por miedo a las represalias. Y razón para temer no
le falta.
MENTIRAS Y ABUSOS
Luego de saber que habían sido engañados, desde el mes de
julio los vecinos de Comas se organizaron para realizar plantones pacíficos y
ollas comunes en la avenida Metropolitana, lugar donde se realizan las obras.
La intención era que los escuchen y dejen de pasearlos. “Nosotros no queremos
paralizar las obras, solo queremos que nos escuchen y que nos den una
solución”, dice otro vecino.
Sin embargo, lo único que obtuvieron fueron más y más
reuniones que, nuevamente, no se concretaban en resultados. Las más recientes
se llevaron a cabo la semana pasada. Ante los reiterados reclamos,
representantes de la Emape se reunieron con algunos de los vecinos, entre ellos
Lilia Gonzalez, madre de dos de los detenidos. “[…] se acercó la señora Lilia
Gonzalez Flores a preguntar sobre el inicio de la reparación de sus viviendas.
También manifestó […] que está a la espera de que le den fechas porque indica
que ha esperado por 11 meses”, se lee en el documento que lleva el membrete de
la empresa municipal.
Según el testimonio de Gonzalez, le prometieron que, mientras
no realicen la reparación de su vivienda, no iban a retomar los trabajos de
construcción. “Desde hace dos meses venimos haciendo plantones en las obras
para reclamar. Cuando dijeron que nos iban a arreglar la casa, me alegré,
porque una vez que terminen todos los trabajos, sabemos que nadie se hará cargo
de las reparaciones”, cuenta la madre de los hermanos detenidos.
Sin embargo, el lunes último, alrededor de las 9:40 a.m. se
dio cuenta de que los trabajadores de la obra estaban realizando las labores de
construcción, incumpliendo la promesa que le habían hecho. “Salí de mi casa y
les dije a los que estaban ahí que necesitaba hablar con sus jefes, porque días
antes me habían prometido que no iban a empezar las obras hasta que nos den
solución. En mi desesperación porque nadie me daba razón, intenté sacar las
mallas”, narra Gonzalez.
Al ver a su madre desesperada, Cristhian de la Cruz salió a
auxiliarla e increpó a los trabajadores del proyecto por incumplir lo pactado.
Las otras hijas de Lidia –Irene y Shirley– y más vecinos fueron a apoyarla.
Estaban conversando cuando, sorpresivamente, aparecieron entre 8 a 10 policías
con una actitud nada pacífica.
En los videos se ve que el dirigente vecinal Luis Maco llega
al lugar, se identifica y, de inmediato, entre tres efectivos lo agarraron y lo
metieron a la fuerza a una camioneta blanca que no tenía ningún distintivo
policial. “Sr. alcalde de Comas, me están llevando”, gritaba mientras intentaba
resistirse a la detención, pero no sirvió de mucho.
Luego, entre cinco oficiales rodearon a Cristhian de la Cruz
y lo arrastraron hasta la tolva del vehículo. Su hermana Irene, desesperada,
corrió a socorrerlo y en el intento le dio un manotazo a uno de los policías.
“¿Qué me arañas oe’? ¿Qué me arañas?”, gritó el efectivo. Acto seguido, le
sujetó la mano a Irene y, junto a otro policía, la arrastró mientras ella
intentaba defenderse de los dos hombres que, a punta de empujones, la llevaban
al carro. “Son unos coimeros, desgraciados”, gritaba Lilia mientras corría de
un lado a otro intentando detener el abuso que se cometía. Pero ni sus gritos
pidiendo ayuda ni su lucha por evitar que se lleven a sus hijos sirvieron.
Cuando llegaron a las instalaciones del Departamento de
Investigación Criminal de Comas, lugar donde hasta hoy permanecieron detenidos,
los vecinos se dieron cuenta de que momentos antes de las detenciones, un
trabajador de la empresa OHL, integrante del consorcio constructor, demandó a
los dirigentes vecinales Luis Álvarez y Luis Maco por, supuestamente, haberlo
extorsionado ese mismo día a cambio de dejarlos continuar con la obra. Sin
embargo, como se ve en el video, el primero no se encontraba presente y el
segundo llegó después de que la policía se presentara en el lugar de los
hechos.
Según el parte policial, Marco Antonio Jiménez Meza, jefe de
administración de la obra, denunció que, alrededor de las 7:40 a.m., un grupo
de personas encabezado por los dos dirigentes estaba obstruyendo los trabajos.
Ante tal actitud, el denunciante asegura que se acercó a los manifestantes con
el fin de dialogar, pero que ellos le exigieron “una buena suma de dinero para
que se retiren definitivamente”. Ante su negativa, siguieron obstaculizando los
trabajos, por lo que se vio “en la obligación de denunciarlos”.
“Ellos dicen que nosotros les hemos pedido plata para
dejarlos trabajar, eso es totalmente falso. A ese señor nadie lo conoce, no
sabemos quién es el que nos ha denunciado porque nunca hemos hablado con él”,
dice Luis M., vecino que también participa de los plantones y estaba presente
durante los hechos. “Lo que han querido hacer es intimidarnos para que dejemos
de reclamar”, añade.
Nos comunicamos con Jiménez Meza para preguntarle por las
pruebas que sustenten su denuncia, pero solo respondió que cualquier
información debíamos pedirla al Consorcio Metropolitano Norte. Ni ellos ni los
policías de la Depincri respondieron nuestras interrogantes. Quien sí dio
detalles fue el abogado de los tres detenidos, quien aseguró que el denunciante
no contaba con pruebas de la supuesta extorsión: ni fotos ni videos ni
testimonios de trabajadores que hayan escuchado las amenazas.
“El señor entró en contradicciones cuando tuvo que dar su
declaración en la comisaría. Ni siquiera pudo dar un monto aproximado de lo que
supuestamente le pidieron. Además, él hizo la denuncia antes de que los
supuestos hechos ocurrieran, como si fuera adivino. Esto lo hicieron para
amedrentar a los vecinos”, explica el abogado Manuel Luna.
Emape lamentó lo ocurrido y deslindó cualquier participación
en dicha intervención, “siendo esta de responsabilidad de la empresa
contratista”. La empresa municipal señaló además que el Consorcio Metropolitano
Norte “viene presentando demoras en la atención y solución a los daños en
algunos predios producto de las vibraciones originadas por las labores de
compactación en la zona”. De no cumplir con ello, advierten que acudirán a
“todas las instancias legales para que el consorcio cumpla con sus obligaciones
y atienda los reclamos de los vecinos a la brevedad posible”.
Entre lágrimas, Lilia Gonzalez agradece que, luego de dos
días detenidos, sus hijos y vecino hayan sido liberados por falta de pruebas.
“Nosotros no queríamos hacer problemas, eso lo saben Dios y ellos mismos. ¿Por
qué tanta maldad?”, pregunta. Cuenta, además, que en la Depincri no la dejaron
presentar una denuncia: “Quise sentar una denuncia por lo que le hicieron a mis
hijos, pero uno de los policías me amenazó diciéndome que, si lo denunciaba, él
me iba a encerrar con ellos porque dice que yo lo he arañado, pero eso no es
así”. Esperemos que la justicia, para estos vecinos, llegue pronto.
Por: Alba Ñaupas
.jpg)
.jpg)
