La larga y desgastante crisis que
estamos viviendo en el país tiene un carácter sistémico y pone en cuestión el
futuro de la democracia. Superarla exige construir acuerdos mayoritarios
básicos que demandan articular una gran voluntad sustentada en la necesidad de
recuperar la política para las ciudadanas y ciudadanos, capaz de asegurar el
compromiso claro de quienes son elegidos como nuestras autoridades. En un
escenario en el que el comportamiento y los intereses de El Ejecutivo y el
Congreso marchan en dirección contraria, es nuestra obligación y derecho
pronunciarnos.
La degradación democrática del país
se expresa en el preocupante desconocimiento de derechos fundamentales ganados
por la ciudadanía –como la igualdad de género y la no discriminación–,
promovidos, lamentablemente, por varias bancadas del Congreso. Se expresa
también en el debilitamiento de las instituciones por la designación a
importantes cargos públicos de personas no idóneas y frecuentemente vinculadas
a actividades criminales. La crisis de gobernabilidad, la inestabilidad y la
alta rotación en el ejercicio de los cargos de los ministros condiciona la
falta de políticas públicas y la ineficiencia en la gestión. Este escenario
deteriorado y de severa crisis política y moral puede profundizarse con los
resultados de las elecciones municipales y regionales, en la que participaron
cientos de candidatos acusados de actos de corrupción y de otros hechos que
evidencian su falta de idoneidad.
La creciente judicialización de la
política dio ayer un paso más con la denuncia constitucional de la Fiscal de la
Nación contra el presidente como presunto autor de distintos delitos,
pidiéndole al Congreso acusarlo ante el Poder Judicial, invocando la suscrita
Convención de la ONU contra la corrupción. Distintos sectores, incapaces de
encontrar una salida política a la situación que han creado, han convertido
esta decisión en parte de su estrategia para mantenerse en las posiciones de
poder que ocupan tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo.
Suma a nuestra preocupación y
protesta el hecho irregular e injustificado del seguimiento de aparatos de
inteligencia del Ejército peruano a distintas organizaciones sociales,
políticos de izquierda, autoridades civiles y organismos de derechos humanos.
Ello evidencia un condenable y peligroso comportamiento ilegal motivado por razones
ideológicas, lo que nos recuerda al régimen fujimorista. Expresamos nuestra
solidaridad y respaldo a la labor que realizan las distintas instituciones
afectadas por este reglaje inaceptable. Nuestra preocupación es mayor por el
silencio de los poderes del Estado, las instituciones públicas y los medios de
comunicación sobre estas acciones que desconocen el rol que la Constitución
establece para las FFAA.
Frente a la estéril confrontación
entre poderes del Estado, que defienden sus intereses inmediatos, urge una
salida democrática que supere la severa crisis de gobernabilidad. El primer
paso es la adopción de reformas políticas que generen condiciones para mejorar
la representación y establezcan barreras eficaces contra la corrupción. Abrir
un período de transición, más allá de lo político e institucional, requiere
atender las urgencias económicas, sociales y de servicios de la sociedad, en
particular de las mayorías que viven en la marginalidad y la precariedad. Ello
supone avanzar respuestas y propuestas frente a un modelo que evidencia su
agotamiento.
Con este marco de reformas cobra
sentido el adelanto de elecciones como camino de salida a la crisis que
atravesamos. En un contexto incierto y polarizado, de desconfianza y
desaliento, no hay ruta perfecta para consensuar las reformas y fijar plazo
razonable para el adelanto de elecciones generales. La fragmentación política y
social, agudizada por las prácticas populistas del Ejecutivo y el Legislativo y
los mezquinos intereses políticos y económicos en juego, imposibilitan un
consenso. Lo realista será construir acuerdos plurales y mayoritarios que se
reflejen en fuerzas políticas y sociales que actúen como garantía de la
democracia y del compromiso ético para los cambios impostergables que
requerimos. Quienes estamos comprometidos con un desarrollo real y con la
vigencia y fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia, demandamos a los
poderes del Estado, que garanticen la institucionalidad democrática y los
derechos humanos.
Invitamos a las organizaciones e
instituciones de la sociedad civil y la ciudadanía a la vigilancia, a la
movilización activa y a la participación decidida en la construcción de un
camino democrático de salida de la crisis, lo cual exige reformas básicas que
nos permitan el adelanto de elecciones y la elección de autoridades electas
idóneas.
Lima, 13 de octubre de 2022.
Instituciones que suscriben:
Grupo Propuesta Ciudadana – GPC
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos –
CNDDHH
Asociación Nacional de Centros – ANC
Asociación Arariwa
Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX
Centro de Estudios para el Desarrollo
Regional – CEDER
Movimiento Manuela Ramos
Centro de Estudios Regionales Andinos
Bartolomé de las Casas – CBC
Centro de Estudios para el Desarrollo
y la Participación –CEDEP
Centro Ecuménico de Promoción y
Acción Social Norte – CEDEPAS Norte
Centro de Investigación Social y
Educación Popular – Alternativa
Centro Peruano de Estudios Social –
CEPES
Centro de Estudios y promoción del
Desarrollo – desco
Centro de Investigación y Promoción
del Campesinado – CIPCA
Centro de Educación, Organización y
Promoción del Desarrollo Ilo –CEOP ILO)
Servicios Educativos, Promoción y
Apoyo Rural – SEPAR
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