Para liquidar a Sedapal, el
Ministerio de Vivienda y Construcción está implementando por su cuenta e
ilegalmente el proceso de privatización del agua potable y la liquidación de la
empresa en Lima.
En junio 2017, hace un mes, con la
Ley 30558, logramos la reforma constitucional que reconoce el acceso al Agua
Potable como Derecho Constitucional. El gobierno de PPK está obligado a
cumplirlo. Pero ha primado nuevamente su afán lobista privatista, como ocurrió
con el aeropuerto de Chinchero en Cusco, y en este caso con la empresa Sedapal.
Esta empresa pública de servicios de
agua potable en Lima y Callao, el 2016 estuvo sexta en el ranking de las
empresas estatales con mayores ingresos: 1,737,446,000 (mil setecientos
millones de soles), y Equilibrium la califica el 2016 como empresa AA-pe, con
ingresos que crecen a tasa anual de 6.3%, y muy alta capacidad de pagar capital
e intereses. Este es el botín que PPK pretendía entregar lobistamente vía el
Decreto Legislativo que fue modificado por el Congreso. Y ahora vuelve a la
carga saqueadora.
El Congreso debatió en junio 2017 el
D.L. 1280 de PPK que pretendía la privatización de Sedapal. Por acuerdo casi
unánime se modificó dicho decreto, anulando el artículo 6 y la Disposición 8 y
9, que privatizaban y creaban una “Unidad Ejecutora” en el Ministerio de
Vivienda, pretendiendo reducir Sedapal a las áreas suburbana de Lima y
descuartizarla en 4 empresas privadas.
Ya se han presentado iniciativas,
guardadas como secretas en ProInversión, el Ministerio de la privatización
lobista, una de ellas nada menos que Odebrecht, las que obtendrían altas
ganancias a partir de tarifazos que pagarían los usuarios de Lima y Callao. Y
sin resolver la gestión integral del Agua Potable en la segunda ciudad del
mundo en un desierto, como sí lo considera el Plan Maestro de Sedapal.
El gobierno de PPK pese a estar
todavía en trámite la promulgación de la modificación del privatista D. L.
1280, que corresponde realizar al Poder Ejecutivo y derogar su Octava y Novena
Disposición Complementaria como acordó el Congreso, ha lanzado una campaña
ilegal privatizadora y doblemente inconstitucional.
Para liquidar a SEDAPAL, el
Ministerio de Vivienda y Construcción está implementando por su cuenta e
ilegalmente el proceso de privatización del agua potable y la liquidación de
SEDAPAL en Lima.
Así, el MINVIV, mediante D.S. Nº
080-2017-VIVIENDA, sustentándose inconstitucionalmente en la ya derogada Novena
Disposición complementaria del DL, crea el Programa “Agua Segura para Lima y
Callao”. Esta no es más que una “unidad ejecutora” dentro del Ministerio de
Vivienda, a la que pretenden facultar para ejercer las funciones que hoy tiene
SEDAPAL. Dicen: “Formular, ejecutar y supervisar proyectos de inversión en agua
y saneamiento en el ámbito de la intervención de SEDAPAL, en coordinación con
esta empresa”.
Pretende reducir a SEDAPAL a un
apéndice de este programa, el que actúa bajo la dirección formal del Ministerio
de Vivienda, y real de ProInversión, y cuenta con financiamiento, gestión
administrativa y presupuestal propias como toda unidad ejecutora. El 22 de
junio del presente año, mediante RM Nº 242-2017-MINVIV, se aprueba ilegalmente
el “Manual de Operaciones” de este Programa de recentralización, donde se
termina de definir el proceso de liquidación de la empresa SEDAPAL, para
pretender reducirla a las zonas periurbanas.
Quieren liquidar a Sedapal para poder
contratar con privados el descuartizamiento de los servicios de agua potable en
Lima y Callao. Se sujetan a los servicios financieros y apetitos lobistas de
las entidades financieras de endeudamiento. Ya están en fila en ProInversión
cuatro iniciativas privadas lobistas, para actuar como unidades independientes,
para Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro y la Atarjea. Una de ellas, ciertamente,
de Odebrecht. Y quieren dejar intocado el ilegal aprovechamiento de las
reservas subterráneas de agua potable que consumen 5 principales de ellas
(Backus, Lindley, Coca Cola, Ajeper, Gloria), con un total de 21 millones de
metros cúbicos anuales, por el que pagan por m3 solo un derecho de 0.14
céntimos. ¡Menos que los usuarios domiciliarios!, ¡Y aun así, se niegan a pagar
sus deudas!
Este Programa de Inversiones se
financia con endeudamiento externo y sujeto a “las políticas y procedimientos
de los órganos de financiamiento”, que son caros, arbitrarios y abusivos.
Ciertamente, onerosos. ¿Y quién les pagará entonces? Obvio: Los usuarios de
Lima y Callao, los actuales y los pocos que logren ampliar en el servicio. Su
financiamiento reposa, realmente, ¡en el Tarifazo a los Usuarios! Es un asalto
a la economía popular, que incrementará entre 10% y 25 % las tarifas, anulando
el subsidio a miles de familias de Lima. Y dejará sin agua a la mayoría que
actualmente está desabastecida, y que podría tener acceso al agua potable si se
paga por el agua subterránea y este dinero se destina a las ampliaciones en
Lima y Callao. Se anula el subsidio a miles de familias de Lima para enriquecer
a un puñado de amigos del gobierno y lobistas profesionales.
Asalto Inconstitucional y lobista a
los usuarios, actuales y potenciales, de agua potable en Lima y Callao.
Violando la Constitución y las leyes. ¿El Congreso, en sus diversas fuerzas
políticas, será cómplice y permitirá este atropello a la legalidad y este
asalto lobista a los habitantes de Lima y Callao? ¿El pueblo ciudadano lo
permitirá?
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